Con vigencia a partir del 19-10-2022, se ha aprobado la
L 18/2022, de creación y crecimiento de empresas («Ley Crea y Crece»), con el fin de impulsar la creación de empresas, fomentar el crecimiento de la empresa y luchar contra la morosidad. Las principales novedades que recoge esta norma son:
Constitución de SRL
1. Se incentiva la constitución de una SRL, reduciendo el capital social mínimo hasta la simbólica cifra de 1 euro, si bien con un régimen especial mientras no alcance los 3.000 euros, para proteger a los acreedores sociales, conforme al cual:
2. Desaparecen la sociedad limitada de formación sucesiva (SLFS), que permitía constituir sociedades con un capital inferior al mínimo legal establecido hasta ahora (3.000 euros) y la sociedad limitada nueva empresa (SLNE), que pasa a regularse por el régimen ordinario de cualquier SRL.
3. Se agilizan y abaratan los trámites administrativos para la constitución. Así,
Crecimiento y expansión de las empresas
Para fomentar el crecimiento y la expansión de la empresa se introducen medidas dirigidas a mejorar el apoyo financiero, flexibilizando los mecanismos de financiación alternativa como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo.
Factura electrónica
La factura electrónica es un instrumento útil para reducir los costes de transacción del tráfico mercantil y puede servir, además, para facilitar el acceso a la información sobre los plazos de pago entre empresas. Por ello, se establece la obligatoriedad de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales., a partir de:
Lucha contra la morosidad comercial
Se busca impulsar la transparencia con respecto a los periodos de pago de las operaciones comerciales. Para ello, el Gobierno creará y regulará el funcionamiento de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, encargado del seguimiento de la evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito.
Con el objeto de frenar la morosidad, las empresas que no cumplan con los plazos establecidos en la
L 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no podrán optar a subvenciones públicas, ni ser empresas colaboradoras.
Asimismo, se refuerza la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.